Protección de los derechos de los trabajadores

En el ordenamiento jurídico nacional, existen varios procedimientos para liquidar una empresa, los cuales dependen de la naturaleza jurídica y del sector en que desarrolla actividades la entidad que se va a liquidar. Esto hace que haya ocasiones en que los acreedores no tienen claridad sobre la normatividad aplicable, tampoco acerca de la autoridad competente ni del procedimiento que se debe seguir. Esta situación de duda sobre la norma se presenta también en los trabajadores que han prestado servicios a esas entidades y que, por ende, tienen acreencias laborales por reclamar.



Del análisis de los principales procedimientos de liquidación, se evidencian varias dificultades para que los trabajadores logren el pago de sus derechos laborales. Estos inconvenientes se generan por varias razones: la forma en que se avisa el inicio de la liquidación; el término perentorio para presentar créditos; la dificultad probatoria respecto a la existencia del crédito; y la falta de claridad en la forma y oportunidad para alegar la aplicación del principio de primacía de realidad sobre las formas en caso de que la entidad que se va a liquidar haya ocultado una relación laboral verdadera en desmedro de los derechos irrenunciables del trabajador.



Las leyes que regulan los procedimientos de liquidación empresarial y de insolvencia de personas naturales tienen una orientación comercial. Aunque estas leyes no tienen por qué centrarse en la protección de los derechos de los trabajadores, no pueden desconocer que estos derechos son de orden público e irrenunciables. Por esta razón, la regulación actual requiere algunas modificaciones en las que no se mute su esencia, pero por medio de las cuales sí se dé un mejor respaldo a los créditos laborales.