Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act

El proyecto de ley de la Cámara de Representantes de Estados Unido H.R. 5278, denominado ‘‘Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act’’ y conocido por su acrónimo PROMESA, que entre otras cosas, impone a Puerto Rico una Junta de Control Fiscal federal, fue convertido en Ley por el presidente Barack Obama el 30 de junio de 2016.  


Durante los meses previos a la aprobación de esta Ley, la álgida discusión pública estuvo centrada en si una Junta de Control Fiscal procede, conforme al ordenamiento constitucional vigente, si se necesita, si nos conviene como pueblo, si su función será ser agencia de cobro de los bonistas y si nos ayudará a resolver la profunda y larga crisis económica que sufrimos desde hace más de una década. Poca influencia tuvieron los líderes políticos de los partidos mayoritarios del país en el contenido de sus cláusulas y sus tímidas posturas iniciales de oposición fueron convirtiéndose en aceptación expresa o tácita cuando quedó claro que el Congreso de Estados Unidos ejercería sin cortapisas su poder omnímodo de la Cláusula Territorial de la Sección 3 del Artículo IV de la Constitución Federal. PROMESA fue aprobada prácticamente con todos los elementos que la hicieron objeto de rechazo y críticas por los sectores más vocales y comprometidos de nuestro país.


La Ley afecta todos los ámbitos de nuestro ordenamiento jurídico, económico y social.  Trastoca la manera en que funciona la Constitución y las leyes de Puerto Rico.  Menoscaba aun más, el limitado ámbito democrático de los puertorriqueños y pone en manos de 7 personas, no electas, las funciones de legislar y definir el futuro económico de Puerto Rico. Además, afectará el presupuesto recién aprobado en Puerto Rico, y los próximos por venir, y por ende, los servicios esenciales de los cuales el pueblo depende. Para tener una idea de la severidad del posible ajuste presupuestario, si la Junta exigiera que se cuadrara el presupuesto vigente conforme a los ingresos y gastos reales, se estima que sería necesario restarle 3,186 millones para poder pagar a los bonistas lo que se debe este año fiscal 2016-2017.


Entre otros asuntos, la Ley establece un trámite de negociación voluntaria y disposiciones de Ley para reestructurar ante la Corte Federal las obligaciones con los acreedores del gobierno. La Ley afecta disposiciones laborales importantes y establece una nueva entidad a los fines de promover proyectos esenciales de infraestructura.  Por otro lado, la Ley establece un grupo de trabajo en el Congreso compuesto por cuatro representantes y cuatro senadores para hacer recomendaciones sobre el futuro político, económico y social de Puerto Rico en o antes del 31 de diciembre de 2016.  El impacto tan profundo y abarcador de la referida Ley se extenderá por lo menos diez años.


La pregunta que tenemos sobre la mesa en este momento es ¿cuál será la ruta o estrategia que Puerto Rico debe seguir para lidiar con la aplicación de esta Ley? Sin embargo, para enfrentar esta interrogante, es indispensable conocer a fondo el contenido de sus disposiciones y el alcance y ramificaciones de su aplicación. Lamentablemente, a pesar de toda la controversia pública sobre la aprobación de esta Ley, todavía no se ha realizado un análisis exhaustivo y detallado de sus disposiciones y sus consecuencias. 


Por los últimos 28 años, el Bufete Emmanuelli C.S.P., ha mantenido su compromiso de informar a la comunidad sobre aspectos jurídicos y económicos. Continuando con ese compromiso, analizamos las disposiciones de la Ley, a los fines de determinar específicamente, cuál es el impacto que tendrá en todos los aspectos de nuestra vida como Pueblo.


19 de noviembre de 2016

Rolando Emmanuelli Jiménez, JD, LLM
Yasmín Colón Colón, CPA, MBA, JD